La figura Jesús de Nazaret se iba haciendo muy controvertida conforme avanzaba su predicación. Las autoridades religiosas de Jerusalén se mostraban inquietas con el revuelo que el maestro, llegado de Galilea para la Pascua, había suscitado entre el pueblo.
Y las fuerzas armadas imperiales también, ya que en unos tiempos en que periódicamente había rebrotes de alzamientos contra la ocupación romana, encabezados por líderes locales que apelaban al carácter innato de los judíos, las noticias que les llegaban acerca de este maestro, que hablaba de prepararse para la llegada de un «reino de Dios», no resultaban nada tranquilizadoras. Unos y otros estaban, pues, prevenidos contra él, aunque por diversos motivos.
Jesús fue detenido y su caso fue examinado ante el Sanedrín. No se trató de un proceso normal, como los requerimientos que exigen, entre otras cosas, que se tramiten de día, sino de un interrogatorio en domicilios particulares para contrastar las acusaciones habidas contra Él o las sospechas que se tenían acerca de su enseñanza. En concreto, sobre su actitud crítica hacia el templo, el halo mesiánico en torno a su persona que provocaba con sus palabras y actitudes y, sobre todo, acerca de la pretensión que se le atribuía de poseer una dignidad divina. Más que las cuestiones doctrinales en sí mismas, lo que realmente preocupaba a las autoridades religiosas era el revuelo que temían provocase contra los patrones establecidos. Podría dar lugar a una agitación popular que los romanos no tolerarían, y de la que se podría derivar una situación política peor de la que mantenían en ese momento.
Estando así las cosas trasladaron la causa a Pilato, y el contencioso legal contra Jesús se llevó ante la autoridad romana. Ante Pilato se expusieron los temores de que Aquel que hablaba de un «reino» podía ser un peligro para Roma. El procurador romano tenía ante él dos posibles fórmulas para afrontar la situación. Una de ellas, la coercitiva («castigo, medida forzosa») que le otorgaba la capacidad de aplicar las medidas oportunas para mantener el orden público. Amparándose en ella podría haberle infligido un castigo ejemplar o incluso haberlo condenado a muerte para que sirviera como escarmiento. O bien, podía establecer una cognitiva («conocimiento»), un proceso formal en que se formulaba una acusación, había un interrogatorio y se dictaba una sentencia de acuerdo con la ley.